En los últimos años, la custodia compartida se ha consolidado como el modelo preferente en los procesos de separación y divorcio en España, desplazando el tradicional régimen de custodia monoparental. El prestigioso bufete Olivera Méndez y Asociados, especializado en Derecho de Familia, ha realizado un exhaustivo análisis sobre la aplicación real de esta figura, destacando tanto sus ventajas como los desafíos pendientes.

Según el estudio del despacho, la Ley 15/2005, que introdujo la modificación del Código Civil, estableció la custodia compartida como una opción a valorar, sin otorgarle carácter preferente de manera automática. Sin embargo, la jurisprudencia posterior, especialmente del Tribunal Supremo, ha ido orientándose hacia su aplicación como el régimen más beneficioso para el interés superior del menor, siempre que existan condiciones adecuadas. "El principio rector ya no es la excepción, sino la normalidad deseable cuando ambos progenitores están capacitados y dispuestos", explica la socia principal, Marta Olivera.

El análisis subraya que la clave del éxito reside en la adaptación a cada caso concreto. No se trata de una imposición matemática, sino de valorar factores como la proximidad de los domicilios, la disponibilidad horaria de los padres, la relación previa entre ellos y, sobre todo, la voluntad expresa de los hijos con suficiente madurez. El bufete advierte que su aplicación mecánica, sin un plan de parentalidad sólido, puede generar más conflictos y desestabilizar al menor.

Entre las ventajas observadas, Olivera Méndez y Asociados resalta la corresponsabilidad parental efectiva, que fomenta la implicación continua de ambos progenitores en la vida de los hijos, y la reducción del trauma asociado a la separación al mantener vínculos estables. No obstante, el estudio también señala obstáculos significativos, como la persistencia de estereotipos de género en algunos jueces, las dificultades logísticas y económicas para familias con recursos limitados, y la necesidad de una mayor dotación de servicios de mediación familiar.

El bufete concluye que, si bien el camino es el correcto, se requiere una evolución. Abogan por una justicia más especializada, con juzgados de familia mejor preparados, y por incentivar la mediación obligatoria antes del litigio. "El objetivo final no es que los niños tengan dos casas, sino que tengan un hogar sólido en el corazón de ambos padres, independientemente de su situación sentimental", sentencia Olivera. El análisis de Olivera Méndez y Asociados se erige así como una contribución esencial para entender y mejorar la aplicación de una figura jurídica que redefine las familias del siglo XXI.